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domingo, 9 de enero de 2011

Educación, Obligatoria para quién?

Art 3º Constitucional, Fracción IV.

Por una política asistencial o de ciencia y tecnología.


“Durante muchos años impartí clases de teoría económica, quisiera creer que me he ganado la vida honestamente; sin embargo a veces tengo mis dudas”.

Joan Robinson


México presenta a 200 años de su independencia y a 100 de su revolución, un deterioro en su desarrollo económico y social muy complejo, puede ser el mayor de toda su historia, Carlos Monsiváis escribió en 1995, que “estamos viviendo una época pos apocalíptica”, ¿porque pos apocalíptica?, pues simplemente porque lo peor que pudo haber pasado, ya pasó, que es haber llegado al número de habitantes que hoy somos en el planeta, en el país, en el Distrito Federal. Crecieron las poblaciones en el siglo XX: 3.5 veces, 7.1 veces y 15 veces, respectivamente.

Para que el país, enfrente, deje de ser o parecer una administración fallida, un país, fallido, una educación fallida, una Constitución fallida o como se ha dicho un Estado fallido y que tenga un futuro viable, es necesario hacer un ajuste en los paradigmas nacionales, no solo es necesario llevar a delante una reforma hacendaria integral, que se cobre bien y se gaste mejor, una laboral, energética, judicial, hidráulica, del comercio interior y las demás que se requiera agregar, ya que podría “cambiar todo para que nada cambie”, diría El Gatopardo. A diferencia, Deng Xiao-ping, quien relevó a Mao Zedong en la dirigencia de China, en 1978, impulsó el cambio en un paradigma del comunismo diciendo: “debemos de dejar de ver con malos ojos a aquellos que se logren enriquecer” y dejó todo igual. El perfil de China después de ese cambio está a la vista.

Es necesario, inevitable, indispensable quitar inercias y conceptos propios de principios del siglo XX, corregir omisiones en la Constitución; ninguno de los países del siglo XX que han tenido despegues económicos importantes, take off, diría Rostow, han tenido las instituciones que ha auspiciado México, ¿acaso Alemania, Japón, Estados Unidos, España, Francia o China, hubieran podido hacer lo que han hecho con los paradigmas institucionales como los de un país como México?

Un cambio muy importante se considera el que se refiere a la fracción IV del Art. 3º Constitucional que dice Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; cuando siempre debió decir la Constitución desde 1917: Toda la educación OBLIGATORIA que el Estado imparta será gratuita, a este punto se dirige el presente artículo. Sugiero que dicha propuesta sea avalada por la sociedad civil y promovida por la clase política contemporánea, siendo incluida dentro de las reformas estructurales de la agenda legislativa ya que es un punto, que debe valorarse y mejorarse, en virtud de que, desde siempre, ha impedido la programación-presupuestación adecuada, como la administración de la educación media y superior del país; quisiera creer que este asunto pueda ser comentado entre los interlocutores cualquier día de estos, quien quiera que estos sean, fundamentalistas o no, sin gritos y sombrerazos, donde el que más eleva la voz como melodrama, tipo Medea (Ofelia Guilmain en las Troyanas) o al más depurado estilo Espartano y dice más veces de manera religiosa, recordando al orador de Galilea, atribuyendo al otro, que no está en su pensar, absurdos y descalificaciones sorprendentes, amén de los epítetos más habituales propios del más rancio estalinismo como: reaccionario, retrógrada, obtuso, antiprogresista, privatizador, neoliberal, etcétera, etcétera, que no, elevar los argumentos, gana.

Precisar y acordar como entender ¿a qué niveles se refiere la gratuidad?, como la obligatoriedad de la educación que imparta el Estado, le hace bien a la administración de la educación pública, ya que permite entre otras posibilidades, que en el Reglamento correspondiente (que ha omitido desde siempre expedir el Poder Ejecutivo), establecer los parámetros que deberán tomarse en cuenta para determinar o actualizar cuotas a la “educación no obligatoria” que “promueve” el Estado, tomando en cuenta, por ejemplo, las referencias de cuotas y parámetros contextuales de los años 50 y como han variado la participación de los salarios en el PIB o bien, el nivel de empleo formal de la economía.

Sin lugar a dudas, administrar mejor el gasto del Estado y reducir salarios y prestaciones fuera de la Ley, privilegio$$, emeritazgo$ y sueldos vitalicio$$$, dentro del gasto público federal, permite junto con el “fin de regímenes fiscales especiales y exenciones de privilegio”, que prohíjan la elusión fiscal, acotar la reforma integral de las finanzas públicas, evitando caer nuevamente en el recurso fácil del déficit fiscal, que tan caro le ha resultado a la economía nacional, como puede ser, la experiencia del período 1979-1988 (De la explotación de Cantarell al crack de la Bolsa) que llevó a la necesidad de vender y/o liquidar bancos nacionalizados y más de 1000 empresas paraestatales. El aumento de impuestos y/o del déficit fiscal en las condiciones actuales del gasto público federal, puede resultar indispensable, sin embargo, sin un ajuste integral en las finanzas, subsidios e instituciones públicas que presionan un gasto ineficiente y regresivo, representa un acto provocador. Defender hoy el establishment no solo es “más reaccionario” que ayer, es una puesta a la profundización de la crisis; la discusión se atora entre dos posiciones irreconciliables, neoliberales versus estatistas. Un punto intermedio de un capitalismo articulado, mixto, que tenga enfrente un compromiso profundo con el sentido común, que se base en paradigmas diferentes y busque nuevos equilibrios, no se entiende ni se acepta fácilmente, sin embargo es indispensable.

En 1917, el país tendría unos 14 millones de habitantes, el 80% (11.2 millones) pudo haber sido analfabeto, todavía en 1940, cuando la población no rebasaba los 20 millones, era el 70.3%, (14 millones) en el año 2000, con 100 millones de habitantes, representaron los iletrados el 8.4%; (8.4 millones) apenas 25% menos que a principios de siglo; entonces no existía el oráculo de internet, que es una enciclopedia viva, tampoco la televisión, ni la radio, el cine nacía; el telégrafo inalámbrico hacia su aparición; la infraestructura educativa era nula, la Universidad Nacional de México en ese año, constituía apenas un Departamento dentro de la Secretaría de Educación Pública, no se hacía aun autónoma; el número de escuelas, libros, revistas, periódicos no significaba nada, las computadoras personales eran inimaginables. Los museos no emergían, los espectáculos culturales no eran significativos. La sociedad era prácticamente inmóvil. El modelo de gratuidad para la educación básica, importado de Francia por los porfiristas llevó a decir “toda la educación que imparta el Estado será gratuita”. Como si fuéramos países semejantes, agriculturas acaso comparables. En ese orden de ideas, la omisión de OBLIGATORIA o el deseo deliberado de que así fuera, no tenía importancia en la visión de corto y mediano plazo, ya que fue una Constitución “aspiracionista”, por ello, pasó desapercibida; pero en la actualidad a casi 100 años, resulta anacrónica, ya que no se tienen recursos para satisfacer adecuadamente con la educación básica. Hoy ¿sigue teniendo el mismo sentido? No es ocioso recordar que las cosas sin sentido, sin contraparte, léase sin par, son dispares, disparates diría don Miguel.

En 1952, pasada la 2ª guerra mundial, al fin del “alemanismo”, se estrenó el edificio de Ciudad Universitaria, en Copilco; se cobraba entonces en la UNAM (en el DF) $200.00, que representaron 60 días de salario mínimo, también, la 4ª parte del costo per cápita por alumno que entonces era de $800.00, pero la proporción de los salarios al PIB era superior al 30%, había crecimiento del 6%, no había deuda, ni déficit a considerar, los ingresos de exportación y de importación aun existían, hoy son inexistentes pues el IVA devuelve el impuesto a los exportadores, y el 76% de las materias primas e intermedias que se importan para la exportación de las maquiladoras no pagan impuestos, ya que se registran las dichos establecimientos como recintos o depósitos fiscales. Las ventajas nacionales del país, en el período de la guerra (cancelación de deuda con los EEUU en 1942) y la posguerra, permitieron no imponer grandes impuestos a la población, el efecto demostración del edificio de Ciudad Universitaria, era más que alentador para el pago de cuotas de los que ahí asistían.

Para los años 60, con el “lopezmateísmo” y la influencia del esfuerzo alfabetizador de la Revolución cubana, la educación obligatoria se elevó al 6º año de primaria, pero el país en 1961, pudo registrar el nivel de endeudamiento más bajo de su historia, apenas representó el 0.15% del PIB, en la actualidad puede representar con las adeudos de los pasivos laborales “132% del PIB” (CEESP). El subgobernador del BANXICO Güemes, ha dicho recientemente que es de solo el 43.1%.lo documentado. Este coeficiente en la actualidad representa en México una entelequia. Sin embargo, un dato revelador, es que en la actualidad, en medio de la crisis mundial, en México hay una crisis fiscal, ya que los impuestos no cubren el 42% del gasto corriente del Gobierno Federal (CEESP). No se veía en aquella época, como cuesta arriba, el financiamiento público requerido para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de toda la educación primaria. No es ocioso destacar que la precisión de obligatoriedad, es para el Estado.

En 1982, el país empezaba a sentir la entrada al neoliberalismo, (que en los años 70 había alcanzado a la mayoría de los países del mundo como Chile en 1973, Argentina, Perú, Brasil, 1974-1976, España en 1977 (pacto de la Moncloa), China en 1978, con Deng Xiao-ping, Inglaterra 1979 con Margaret Tatcher, 1980 en EEUU con Ronald Reagan y en 1989, la lucha de clases en el seno de la clase obrera llevó al derrumbe de la URSS con Mijaíl Gorbachov; el retraso que presenta México frente al cambio es significativo, ya que tuvo como consecuencia haber continuado financiando a crédito, entre otras cosas, el aumento del consumo, entre 1962 y 1982, los salarios crecieron a tasas superiores que el propio Producto Interno, también fue a crédito el sobredimensionamiento de la inversión petrolera y energética; la gestación de la crisis en México duró más que en la mayoría de los países mencionados, de ahí que se diga que “anda en el cabus de la salida de la crisis”. Al de la letra, le tocó en esa época, trabajar en la Dirección General de Crédito Público de la SHCP y llevar los numeritos entre otros, de los sectores comunicaciones, transportes y servicios, en la Dirección de Análisis y Evaluación Financiera (saludos) donde se encontraba entre otros el Sector Educativo. Cuando al entonces rector de la UNAM (1981-1985) Dr. Octavio Rivero Serrano, se le comentó la conveniencia de aumentar las cuotas de la UNAM, respondió ¿Cuánto quieren aumentar las cuotas? 100, 200, 300% con nada de eso van a resolver el problema presupuestal de la Universidad, Hasta ahí llegó el planteamiento de cuotas. Como se puede apreciar, se miraba el asunto de manera muy chata, corta, limitada al aspecto presupuestal, de la UNAM, no se vio el aspecto paradigmático de las cuotas en el tan necesario cambio de mentalidad de la sociedad mexicana.

Para 1986-1987, el coeficiente de endeudamiento (documentado) del país era ya del 90% del PIB (los pasivos se calcula representan, adicionalmente, un 80% del PIB) ese año se dio el “crack de la bolsa”, acompañado del dramatismo del asesinato de Manuel Buendía… EL DÉFICIT del Gobierno Federal había llegado a niveles sin precedente, se tomó en ese año la decisión, en la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, de vender bancos y paraestatales; el Dr. Jorge Carpizo, entonces rector de la UNAM, emitió en aquella época, el documento “Fortaleza y Debilidad de la UNAM”. Fue entonces que se desató el conflicto en la UNAM por actualización de cuotas, habría que recordar las posiciones y argumentos del actual rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, contrasta con la pancarta exhibida recientemente contra el recorte del gasto a la UNAM…, para entonces, se había presentado la salida, del llamado partido hegemónico, de la “corriente democrática” del PRI, también conocida como la “pandilla de Pekín”, integrada entre muchos otros, por Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz, (hoy en el PT) y Cuauhtémoc Cárdenas, quienes vieron en el CEU, la llamada “izquierda en movimiento”, un gran filón de jóvenes brincadores, no desdeñable para su retorno vanguardista a la política nacional hoy lo hacen al lado del inefable y decadente SME…

En 1992, en el 2º período legislativo del “salinismo”, con el superávit presupuestal obtenido con la venta de bancos y paraestatales, que Porfirio Muñoz Ledo se encargo de criticar y sabotear, diciendo que !Como era posible que en un país de tantas carencias se tuviera un superávit fiscal¡ Resultado, hoy no hay recursos propios para “proyectos contra cíclicos”…Él no es economista y les desdeña, sin embargo, nada más por eso, puede pasar a la historia Muñoz Ledo, como un saboteador profesional, quien parece subirse en todo movimiento social, como aquel que ve un camión y se sube, con independencia para donde va, como hoy puede ser el caso del decadente SME. En esa Legislatura, el Congreso, llevó a rango constitucional la educación secundaria y le votó por unanimidad, muchos pensamos ingenuamente que después de la experiencia de la UNAM de la segunda mitad de los años 80, el Congreso haría congruente la Constitución, pero no fue así, en 1999, la UNAM se desplomó, por un conflicto que obedeció nuevamente a los más absurdos intereses, pero sobre todo, a la inveterada omisión del legislativo y del Ejecutivo.

En la actualidad como adelantamos, el coeficiente de endeudamiento nacional, puede andar en alrededor del 43.1% de la deuda documentada, con pasivos laborales y consolidación de obligaciones puede andar en alrededor del 132% del PIB; en España, puede representar la documentada el 34%.(El País 20 de septiembre de 2009).

Por su parte, con la crisis mundial y su repercusión nacional, la participación de los salarios en el PIB, puede no ser superior al 15%, el desempleo ronda el 6%. Las cuotas universitarias, en este orden de ideas, si hoy se actualizaran las de educación media y superior de algunas universidades, como la UNAM, tomando en cuenta las referencias de los años 50, podría andar en alrededor de 30 días de salario mínimo al año, $750.00 al semestre; representarían apenas 0.02% del costo per cápita de la UNAM de $75,000.00 por alumno (OCDE), muy contrastante con el 25% del costo de 1952...

Que permanezca o se modifique esta Fracción, está en el sustrato de un paradigma nacional, que enfrenta al asistencialismo con una política de ciencia y tecnología, una mentalidad muy mexicana, que afecta todo y a todos, no a casi todos; día a día hace evidente sus debilidades y defectos en la calidad de los servicios e instalaciones universitarias, el número y suerte de los egresados del sistema público que no son empleables, que no encuentra empleo, así como investigaciones sin demanda, sin mercado; la presencia de vacas sagradas emérita$$$, frente a la actuación de profesores “sin mérito”, ex directores de facultades con sueldos vitalicios e institutos y facultades con privilegios, alta burocracia, sindicatos y grupos de porros que pagar, etc. El costo por alumno, como adelantamos, puede andar en alrededor de $75,000 (OCDE) que contrasta con lo que se paga a un profesor de asignatura, de apenas $50.00 hora, semana, mes y muchos de los inmuebles emblemáticos, están más que amortizados. El costo tan elevado revela muchas enfermedades y corruptelas administrativas de la UNAM, que dicho sea de paso, en la práctica, se circunscribe al DF, una de las zonas con mayor urbanización del país, en donde la “lucha de clases en el seno de la clase obrera” se hace patente en el conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en medio de la crisis fiscal que presenta el país, en el contexto de la mundialización de la crisis.

Fue el embajador de España en México, Carmelo Angulo Barturen, quien propuso a la UNAM éste año, para el premio Príncipe de Asturias, le hizo igualmente para que se realizara en Cancún el certamen de Miss España, (en mayo se vio desfallecer por el calor a una de las concursantes) ambos eventos deben entenderse que se realizaron para promover a México como destino turístico; ya que después de la epidemia de influenza, las inversiones españolas en el país, que son muy cuantiosas en el sector turístico y que incluyen entre muchas otras aeropuertos, se vieron afectadas, hasta Cuba, criticó a México como destino nacional por la epidemia de influenza, ya que rivaliza con el turismo cubano. Pese a lo anterior, la revista Times de octubre, presentó una disminución de 40 lugares en el ranking mundial a la UNAM. Solo los que no saben del estado actual de la UNAM como del resto de las universidades del país, pueden quedarse con los “espejitos” y pensar que es un reconocimiento impecable y quedarse con el mito de la excelencia universitaria nacional.

El país no crece, partidos políticos van y vienen en la presidencia de la República y no se emite por el Ejecutivo Federal (después de más de 90 años de existencia de la Constitución de 1917), el reglamento correspondiente de la hoy, Fracción IV, del Artículo 3º Constitucional, como se ha mencionado el 28 de agosto de 2009, en un Foro Ciudadano en el Congreso de la Unión, el Lic. Humberto Hernández Hadad, “el 95% de las modificaciones constitucionales quedan en letra muerta, si el Poder Ejecutivo no emite el Reglamento para su operación” y en su caso, dependiendo de su posibilidad de financiamiento, se vea que educación es obligatoria y realizar las previsiones presupuestales correspondientes.

Por supuesto que tal y como esta, la Constitución resulta lo menos ambigua, incluyendo la reciente inclusión de agosto de 2009, a la Fracción V. que dice “el Estado además de la educación primaria y secundaria, promoverá la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación” (no les vuelve obligatorias), pero, sin el Reglamento correspondiente, en la práctica no resuelve nada; se encuentra en el mismo impasse que siempre, sujetando la asignación de recursos a interpretaciones y disposiciones, más políticas, que de otro tipo. Las universidades públicas resienten esta inercia, esta omisión. Pero la administración, el país y su población estudiantil la están padeciendo.

En la actualidad la mayoría de las universidades públicas del interior del país, en virtud de las deficiencias del Sistema de Participaciones Fiscales a las Entidades Federativas existente desde 1970, tienen complejos problemas financieros y no tienen un marco jurídico que permita al menos, brindarles la posibilidad a sus respectivos patronatos o Juntas de Gobierno de establecer cuotas, tampoco actualizar reglamentos de pago de diversos servicios escolares, no es ocioso precisar que estos ingresos, no pueden ser destinados más que para las universidades. El caso es que, la expedición de una constancia de materias cursadas, puede entregarse por menos de un peso y el costo de su expedición ser mucho mayor que el recibo que se extiende. Si a los ceuístas de 1987 y los cegeacheros de 1999, les hubiera interesado podían haber demandado con apoyo en esa misma fracción IV, aún lo pueden hacer, realizar movimientos estudiantiles con jóvenes brincadores, para ejercer presión al Gobierno en turno, a fin de obligar al Estado a no cobrar nada a nadie en los museo, cines, conciertos y teatros del país, so pretexto de que “toda la educación que imparta el Estado es gratuita” ¿Que no son parte de la educación del Estado y también del sector educativo? Seguramente, asistiríamos a la aberración del decaimiento de la extraordinaria museografía nacional, como de sus conjuntos sinfónicos, cine clubs y obras de teatro; como hoy presenciamos el decaimiento del conjunto del sistema educativo nacional, de manera particular aunque no exclusivamente de la educación básica obligatoria, servicio público que se brinda como si fuera de “chisguete” (Dehesa).

El planteamiento pretende incorporar a la discusión nacional, permitir o no de manera clara, sin ambigüedades, la posibilidad Constitucional para que la Educación media y Superior, que a la fecha no son obligatorias, puedan cumplir mejor sus objetivos y mejorar su situación administrativa y económica, ello, frente a la imposibilidad presente y seguramente futura de que el Estado disponga de mayores recursos y que muchos jóvenes queden, como ya sucede de manera creciente a lo largo y ancho del país, sin posibilidades de ingreso por falta de capacidad instalada; jóvenes (generación “NINI”, ni estudian, ni trabajan) que por supuesto tanto ellos como sus familias, estarían dispuestos a colaborar con cuotas racionales, que considere la participación de los salarios en el PIB y el nivel y tipo de empleo en el país . En la actualidad el gasto corriente del gobierno federal, como adelantamos, supera en 42.6% a la recaudación tributaria (CEESP) dato escalofriante que hace ingente revisar este paradigma nacional, a fin de mejorar la administración del gasto público como su eficacia.

Los subsidios dirigidos a la educación media y superior, se volverían administrables, hoy representan una llave de agua abierta sin posibilidad de regular su eficacia relativa; se mejoraría su nivel de calidad, hoy no le puede ser, si fuera el caso, si las posibilidades del país le permitieran, podrían volverse obligatorios esos niveles, hoy no parece que ello sea posible, la Constitución es ambigua, parece estar mal hecha, mal diseñada, como de otro tiempo, del anclen régime, tiene los males del “neo institucionalismo” en un país ex colonial, que no puede cumplir, frente a la problemática contemporánea, con los objetivos para lo que fue creado.

La propuesta de modificación a la Frac IV del Art. 3º Constitucional que se propone sea considerada como parte de los cambios estructurales de la agenda legislativa, expuesta líneas arriba, lo menos es, una propuesta sencilla en su redacción, en su concepción, que busca ser acorde y equitativa con la dinámica del conjunto de los parámetros nacionales, hoy en crisis, como de los países con los que competimos, como China, la cual en su sistema universitario, de acuerdo con funcionarios chinos: “cobra cuotas que rebasan con mucho el salario mínimo, hace exámenes de admisión, no hay pase automático, da estímulos económicos al rendimiento escolar, discrimina el promedio obtenido, para ingreso a determinadas carreras, otorga becas, etc., etc., todo lo que aquí no se puede poner en práctica.

Con esta modificación, los patronatos y/o Consejos Universitarios de toda la República, tendrían un marco jurídico adecuado para poder tener opción, en su oportunidad, de establecer las disposiciones que consideren adecuadas que ayuden al mejoramiento y desarrollo de las instituciones. Lo que decían, recomendaban en 1987, los ceuístas era: “Si, quieran poner cuotas: modifiquen la Constitución”. Debemos tomarles la palabra, ya pasaron más de 20 años, casi 30. ¡Los resultados están a la vista, todos le podemos evaluar!

Este asunto, me parece está más allá de los aspectos económicos, representa un cambio, un replanteamiento de paradigmas y como se puede apreciar, ello no es competencia de ningún Congreso Universitario, como se ha pensado, como se ha dicho, esta modificación, es única y exclusiva del H. Congreso de la Unión, la legislatura LXI puede, si no quiere “hacerse el sueco”, “nadar de muertito” y pasar a la historia igual de omiso que ha sido el Poder Ejecutivo con la expedición del Reglamento correspondiente, o bien, provocar que llegue a la escena algún caudillo, tipo Huerta, Franco, Castro, Pinochet, Gorbachov, Fujimori, Chávez o cualquier otro espécimen de ese tipo, que aunque diferentes, tienen en común que pudieron modificar la Constitución y/o neutralizar los Congresos por considerarles inútiles, cuando no, un obstáculo para el pequeño dictador que todo mundo lleva dentro.

Por lo anterior, recomendamos integrar esta propuesta a la agenda legislativa con la participación ciudadana, independiente, aquella ciudadanía que no se siente representada por ningún partido político, que no cree en la promoción de los mismos y que reclama desde su lugar, el derecho a participar en la configuración de la agenda legislativa nacional, con el derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable de “modificar el sistema de gobierno” actual, por fallido.

Addendum agosto 2018.:

Dice Javier Jimenez Spriu, Secretario de Comunicaciones y Transportes de AMLO que “por $100 federal de inversión, serán $20 privados”.
Ojalá y se extienda el criterio a la educación superior, para que pueda crecer, con este pari passu, lo que necesita la educación técnica y superior.
La obligatoriedad de la *educación técnica*, es socialmente necesaria y económicamente viable.
No lo es así, la *educación superior*; de ser así, *debería de haber cuotas que amplíen el esfuerzo colectivo de financiamiento para atender la demanda, que se enfrenta a una curva en descenso de la oferta de empleo*, muy contrastante con el crecimiento de la educación técnica.
Es lo que en el argot mexicano es o fue *la economía mixta*, pero del lado de los ingresos, para algunas políticas públicas, como es el caso de la educación superior.
Pareciera que los grupos ligados al CEU de los 80 y del CGH de los 90, quieren imponerse nuevamente, ahora ya quitando la ambigüedad constitucional al 3o y haciendo a la “educación superior obligatoria y gratuita”...
Dicha propuesta, no es o parece viable; no tienen idea de lo que actuarialmente $ignifica, un “Reglamento de Asignación de Recursos Presupuestales (que no existe), pero esa es su posición política desde el inicio de la crisis en 1981, cuando le tocara al Dr. Octavio Rivero Serrano, rector de la UNAM 1981-1984; y que les ha sido rentable, políticamente hablando) pero sobre todo entre 1986-1987 y la híper huelga de 1999. Que dicho sea de paso, mando a la lona a la UNAM, por las fuerzas mas obscuras y retrógradas, que hoy se hacen presente nuevamente.
Guerra.- La guerra es inevitable, si se dilata, siempre es con provecho ajeno. No debemos dejar crecer un desorden para evitar una guerra, porque acabamos no evitándola; la diferimos únicamente y no es nunca, más que con sumo perjuicio nuestro. Al primer descontento declarad la guerra, ante esta prontitud los enemigos se volverán circunspectos. La guerra justa o legítima, es la necesaria, no la guerra declarada.” El Príncipe, Para omisos, remisos y olvidadizos.

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